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Los ciudadanos, las ciudadanas y las organizaciones sociales deben plantear un modelo de gobierno que: Facilite el diálogo entre la ciudadanía y el gobierno.

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Con la nueva opción de Supresión de Ruido en Reading Progress, pueden filtrar el ruido de fondo y obtener resultados más precisos. Esto significa que ningún mecanismo es perfecto o suficiente en sí mismo y también que no se puede establecer a priori que haya unos mecanismos mejores que otros. Más bien, es preciso reconocer que las diversas alternativas sirven a diferentes objetivos y que su mérito depende del problema que se busca solucionar mediante la participación.

Así, un mecanismo como la audiencia pública, que no se traduce en un gran empoderamiento de la ciudadanía, puede resultar muy adecuado cuando lo que se requiere es obtener información preliminar. En este sentido, una oferta institucional que integre una mezcla de diferentes tipos de mecanismos permite que las ventajas de unos compensen las desventajas de otros Parés, La mezcla resultante y el grado en el que cada uno de los mecanismos se activa para producir determinados resultados e impactos, depende de la efectividad que se espera que tengan en cada etapa del proceso de política y también en función del ámbito de acción Hood y Margetts, Por otra parte, el grado en el que un ambiente institucional se considera o no favorable para la participación ciudadana depende de la variedad de mecanismos que integra en su oferta Wang, ; Yang y Pandey, El tipo de régimen político, las presiones que dan lugar a que se abran espacios para compartir decisiones y las motivaciones de los actores que ceden parte de esos espacios se reflejan en el diseño de las reformas y en la manera en la que se implementan.

De modo que son las variables de diseño las que explican mayormente el nivel de impacto que producen las nuevas estrategias, instrumentos o experiencias Bardhan y Mookherjee, Lo político de la participación ciudadana: confianza, legitimidad y calidad de la representación.

Hasta ahora hemos hecho hincapié en el diseño técnico de las estrategias, instrumentos y mecanismos de participación. Como hemos visto, la base para un diseño más racional de políticas y programas participativos se encuentra en la adecuada estructuración de esos elementos con los objetivos que se persiguen al incorporar a los ciudadanos.

Los fines para los cuales se introducen componentes participativos en las políticas públicas están relacionados a su vez con la necesidad de hacer frente a problemas de gobernanza democrática, tales como la legitimidad y la equidad en el acceso a bienes públicos Fung, y o bien con el fin de cubrir déficit de gestión derivados de las grandes demandas que se le imponen a los gobiernos y de la mayor complejidad de los problemas a resolver; es decir, para cubrir insuficiencias de información, de colaboración o de expertise en algunos temas.

De este modo, la participación ciudadana en políticas públicas constituye un recurso para que los gobiernos se desempeñen eficazmente, desarrollen respuestas innovadoras y diseñen sistemas de gobernanza más flexibles que involucren la acción coordinada y cooperativa de actores extragubernamentales y de la ciudadanía en general.

Por lo tanto, el diseño técnico se encuentra necesariamente imbricado con la dimensión política de la participación. En efecto, la participación ciudadana directa constituye un instrumento útil para la consecución de políticas públicas y acciones de gobierno legítimas. En el caso de este último objetivo en concreto, la participación aparece asociada a la manera en la que se definen las opciones y agendas de gobierno en un contexto democrático; es decir, a la necesidad de que los actores y organizaciones gubernamentales lleven a cabo sus tareas no sólo con eficacia, racionalidad y neutralidad, sino también atendiendo a las necesidades, intereses y demandas de los ciudadanos, de manera transparente y con rendición de cuentas Arellano, Si se emplean bien, las estrategias para incorporar la participación ciudadana directa pueden ser un medio para corregir las fallas de la democracia representativa; es decir, la limitada capacidad de influencia que los ciudadanos tienen sobre la hechura de las políticas públicas que les afectan una vez que han elegido a los responsables de diseñarlas e implementarlas.

Desde esta óptica, a través de la participación ciudadana, la relación gobierno—ciudadanos se estructura a partir de espacios de encuentro más abiertos y complejos en los que los agentes gubernamentales recopilan información y construyen la legitimidad necesaria para poder determinar las mejores soluciones de política pública Osborne, La legitimidad es fundamentalmente un fenómeno de percepción.

Si bien depende de elementos objetivos y racionales, es decir, de la capacidad real que los gobiernos muestren para responder a las necesidades de la población y para resolver eficazmente los problemas públicos, también entran en juego consideraciones de carácter subjetivo en torno al proceso de las políticas públicas.

Es decir, para gozar de legitimidad, la sustancia de las políticas debe ser percibida como razonable y el proceso como conveniente Wallner, ; esto significa que una parte importante de la población objetivo debe considerar que ha sido tomada en cuenta en la formulación de la política y que el contenido de los programas que de ella se derivan responde realmente a sus intereses.

La manera en la que los ciudadanos perciben la forma en la que el gobierno interactúa con ellos tiene efectos importantes sobre la confianza que le confieren y sobre la voluntad que muestran para alinearse con él.

En síntesis, al diseñar políticas o acciones que involucran a la ciudadanía, el gobierno debe tomar en cuenta el man tenimiento de un clima de confianza mutua suficiente para sostener una acción cooperativa. Adicionalmente a las consideraciones de carácter instrumental que puedan justificar la incorporación de la participación ciudadana a las políticas públicas, la manera en la que ésta se lleva a cabo debe percibirse como creíble y apropiada por los ciudadanos para que se muestren dispuestos a participar y faciliten así su implementación.

Ante todo, los ciudadanos deben confiar en que su participación tendrá sentido, que producirá algún efecto. Buena parte de la apatía o el descrédito que existe hacia la participación por parte de los ciudadanos proviene de la distancia que existe entre la generación de expectativas que se produce el ser convocados y el enfrentamiento con rituales vacíos de contenido o carentes de influencia.

De modo que cuando el objetivo que se busca al incorporar la participación es la legitimidad de un programa o de una política pública, de lo que se trata en la práctica es de construir confianza. La confianza en el gobierno y sus instituciones es necesaria para lograr que los ciudadanos cooperen con éstas, articulen sus demandas y se apeguen a la ley.

Sin embargo, el fenómeno de la legitimidad es una auténtica caja negra difícil de desentrañar. Por una parte, la confianza es necesaria y depende de que los ciudadanos consideren que el gobierno tiene en cuenta sus intereses Fung, ; pero por otra, nunca puede ser total y absoluta.

En la democracia cierto grado de desconfianza o escepticismo es normal e incluso saludable en la relación entre gobernantes y gobernados. Además, en una sociedad compleja nadie puede esperar que todos los intereses implicados en una decisión sean tomados en cuenta.

En este sentido, la construcción de la legitimidad depende de equilibrios difíciles e inestables, pero se sabe que existe una relación directa entre legitimidad y capacidad de los gobiernos para mantener y obtener apoyo y por lo tanto para acrecentar su capacidad de alcanzar metas y objetivos.

Los equilibrios inestables se refieren a la mezcla necesaria de confianza y cierto grado de escepticismo, y a que el proceso de construcción de confianza depende en buen grado de la repetición de interacciones en espacios acotados de relación entre el gobierno y los ciudadanos.

Es decir, la confianza que se construye mediante la operación de programas participativos no es una de carácter difuso asociada a valores culturales —como podría ser la confianza en la democracia o en las instituciones en abstracto—, sino que se trata de una confianza de carácter práctico, que se construye y permanece vigente mientras se mantienen la interacción y el intercambio.

De modo que la relación entre participación ciudadana y legitimidad no es automática ni unidireccional Moreno, Del lado de la demanda existe siempre el peligro de que la participación ciudadana sea cooptada o de que los participantes representen y favorezcan intereses particulares; por el lado de la oferta, la participación puede traducirse fácilmente en una simulación de rituales con poco o nulo impacto, puede manipularse y politizarse.

Muchas veces al buscar legitimidad se impulsan programas y políticas participativas que, al ser meras simulaciones, redundan en mayor descrédito. Si los resultados e impacto de la participación no son significativos para los ciudadanos, no sólo no se logra mayor legitimidad, sino que pueden dañarse en el mediano plazo la confianza básica y difusa en el gobierno y en los procesos participativos en general.

Otro aspecto de la dimensión política de la participación que afecta directamente a la legitimidad de las políticas y programas participativos es la representación.

En términos normativos, el involucramiento de los ciudadanos en en el proceso de toma de decisiones de política es una manera de promover una mejor representación y, por lo tanto, una manera de alcanzar un mayor nivel de democracia.

Tal como se vio en el apartado de las dimensiones para el diseño de una oferta participativa, la extensión de la participación es una de las principales decisiones que hay que tomar al seleccionar las estrategias y los mecanismos que resultan más adecuados para activarla.

Cualquier programa de participación ciudadana implica siempre problemas prácticos para decidir quiénes tienen que ser convocados.

Dos aspectos que se deben de identificar con el fin de establecer las estrategias a seguir son los límites de la comunidad afectada por los planes y programas propuestos y los niveles de complejidad técnica y política del problema público en cuestión. La mezcla de estos dos aspectos permite avanzar en un mapa de actores y en la toma de decisiones acerca de la mejor opción para gestionar la participación.

Las políticas técnicamente muy complejas requerirán una participación técnicamente gestionada es decir, que los criterios técnicos sean los que orienten las decisiones acerca de quiénes deben de participar.

Lo anterior no significa que se excluya la participación ciudadana, pero es recomendable que incluya fundamentalmente a expertos que puedan apoyar con sus conocimientos y experiencia a formular soluciones para los problemas en cuestión con el fin de que se produzca una participación informada.

Dependiendo la gravedad del caso, también pueden emplearse mecanismos deliberativos que incluyen la capacitación sobre las temáticas a tratar y sobre las implicaciones de las distintas alternativas. Respecto al nivel de complejidad política, se valora el nivel de consenso o conflicto involucrado.

Las políticas que suponen un alto nivel de conflictividad requieren una gestión de la participación con base en criterios políticos; es decir, en principio deberían estar incluidos los actores y posiciones que pueden oponerse a las políticas propuestas e impedir su implementación.

Por su parte, los actores gubernamentales deberán mediar entre las distintas posiciones procurando siempre evitar la confrontación. En este tipo de casos se recomienda el empleo de mecanismos que fomenten el entendimiento de las distintas posiciones y que ayuden a la cooperación.

El gobierno debería mantener la directriz y el control de una situación o problema que implica un alto nivel de complejidad técnica y un alto grado de conflictividad política; en estos casos lo recomendable es que las decisiones se mantengan en el ámbito del gobierno aunque éstas puedan apoyarse en mecanismos consultivos siempre y cuando se informe a los participantes que el gobierno se reserva la decisión.

En el otro extremo, una participación extensa y profunda es viable en situaciones en las que el nivel de complejidad técnica es bajo y prevalece un amplio nivel de consenso sobre los temas a tratar Cabrero, , Fuente: Elaboración propia con base en Cabrero , Diagrama 3.

Condiciones para plantear la estrategia de participación ciudadana. Muchos mecanismos se basan en la participación agregada a través de representantes de grupos de ciudadanos. En este sentido, dos retos importantes consisten en identificar grupos legítimos que representen verdaderamente los diferentes intereses y la necesidad de garantizar de algún modo que los diversos representantes o mediadores sean realmente independientes.

En el complicado equilibrio de los intereses en conflicto —especialmente en áreas o asuntos de política pública en donde existen fuertes controversias—, es donde se encuentra la propia definición de la política. Los funcionarios encargados de diseñar e implementar los mecanismos de participación deben esforzarse para no permitir que en el proceso de hechura de la política, las demandas de algunos grupos de interés adquieran mayor peso que los de otros.

Para ello, como nos recuerda Cupps , deben tener en cuenta que la sensibilidad hacia las demandas ciudadanas no sustituye las consideraciones razonadas, profesionales e independientes respecto de la naturaleza del interés público en cada situación.

En la democracia, los gobiernos están obligados a rendir cuentas y a gobernar no sólo con eficiencia, sino con transparencia y atendiendo a las necesidades, demandas y aspiraciones de los ciudadanos.

Su éxito y su estabilidad dependen en buena medida de que la definición de opciones y agendas de gobierno se lleve a cabo con eficacia y legitimidad. Desde hace por lo menos cincuenta años, ofrecer vías para que los ciudadanos participen en la hechura de las políticas y en algunas actividades de gobierno se ha presentado como una estrategia para generar proximidad, interlocución y colaboración con actores extragubernamentales y con la ciudadanía en general.

Desde su origen, la oferta de políticas y programas participativos buscó generar respuestas más eficaces, justas y legítimas a los problemas sociales. Sin embargo, a pesar de la institucionalización de la participación ciudadana en las políticas públicas y del crecimiento en número y variedad de experiencias participativas, es frecuente que se enfrenten importantes problemas para su implementación o que se le reduzca a rutinas poco significativas que no contribuyen como se espera al logro de los objetivos planteados.

La tesis que se ha desarrollado en este artículo es que muchas veces la falta de alcances y resultados de la participación se debe a que no se atiende adecuadamente el diseño técnico de las estrategias y elementos participativos de las políticas públicas.

Es común que se integre la participación como una rutina más del proceso administrativo, sin que medie la identificación clara de los objetivos que se busca lograr a través de su incorporación y, en consecuencia, sin que se despliegue un diseño sistemático de las estrategias y mecanismos para activarla.

Si bien el empleo de modelos y técnicas de análisis para estructurar los elementos de las políticas públicas es cada vez más frecuente, muchas veces el diseño racional no se extiende a la identificación y secuenciación de las relaciones causa-efecto de sus elementos participativos. La participación ciudadana se suele ver como un fin en sí mismo y, en consecuencia, se tiende a incorporar algún mecanismo como un consejo o algún proceso participativo una consulta como parte del diseño de la política.

Sin embargo, no se siguen los pasos sistemáticos para que las estrategias, instrumentos y mecanismos a partir de los cuales se activa la participación en el proceso de hechura de la política se articulen de manera consistente con las líneas de acción de la política y con los objetivos para los cuales se la incorpora, de modo que sus resultados se apeguen lo más posible a los esperados.

Para que la participación sea un instrumento útil, el diseño de los elementos participativos requiere un enfoque técnico-analítico al igual que sucede con el resto de los dispositivos y procesos de una política pública. En el diseño, ejecución y evaluación de la oferta participativa que los gobiernos hacen a la ciudadanía, hace falta considerar los efectos que se busca producir y precisar los objetivos que se quieren lograr mediante la participación.

Un paso crucial consiste en superar los objetivos generales para incorporarla establecer una vinculación activa y permanente con la sociedad, ampliar los espacios para que la ciudadanía participe, generar capital social y otros similares y avanzar hacia la definición de objetivos más precisos y operativos orientados a contribuir a cubrir déficit de información, de expertise , de legitimidad o de equidad, por ejemplo.

Desde una perspectiva de gestión pública, la participación ciudadana no debiera ser un fin en sí mismo. No basta con incorporarla para cumplir una exigencia democrática y esperar que por sí sola arroje resultados que enriquezcan el diseño de la política en su conjunto o que abone automáticamente a su legitimidad.

Muchas veces se incorporan elementos o procesos participativos con el fin de legitimar decisiones ya tomadas; en esos casos los mecanismos para activarla se simplifican o se reproducen sin mayores ajustes en distintas áreas de política y en diferentes contextos.

Lo paradójico es que para que la participación contribuya verdaderamente a la legitimidad de las políticas y programas gubernamentales debe ser efectiva y traducirse en algún grado de incidencia para los ciudadanos.

Los diversos mecanismos tienen características que abren distintas posibilidades de incidencia; no tiene el mismo impacto un mecanismo consultivo, que uno que sirve para construir alternativas de solución mediante la deliberación. Por eso es tan importante tener claros los objetivos para los cuales se incorpora la participación y hacer un diseño adecuado de los momentos, el alcance y los formatos que mejor puedan contribuir a conseguirlos.

No hay nada que haga más daño a la participación, que usarla como una simulación, o pensar que se pueden aplicar fórmulas estándar sin tomar en cuenta los objetivos, las diversas etapas del ciclo de la política y las particularidades de las diferentes áreas de política o de los distintos problemas a resolver.

Tanto cuando se simulan, como cuando no se diseñan racional y estratégicamente, los procesos participativos no logran sino abonar al escepticismo de los funcionarios públicos y a la desconfianza de la ciudadanía.

La participación ciudadana en las políticas públicas cumple su cometido en la medida en la que contribuye a llenar vacíos o a resolver deficiencias en la formulación y operación de las mismas. Los diversos mecanismos que se emplean para activarla no son buenos o malos en sí mismos, ni tampoco hay unos mejores que otros; sus virtudes dependen de la idoneidad de sus características para la consecución de los objetivos que se persiguen.

También es necesario considerar los requisitos y recursos necesarios para su implementación, así como contemplar formas para evaluar los efectos que produzcan. Al final, la evaluación de las distintas alternativas de mecanismos atraviesa también por la consideración de las capacidades y los recursos con los que cuenta el gobierno credibilidad, recursos financieros y organizacionales, autoridad, etc.

Por ello es conveniente que la oferta institucional para la participación esté compuesta de una mezcla de instrumentos, mecanismos e instancias que permita subsanar las limitaciones de unos con las potencialidades de otros con diferentes características.

Hoy en día concebimos a la participación ciudadana como un elemento esencial de la hechura de las políticas públicas, pero su eficacia depende de que se comprenda su carácter instrumental y técnico de modo que al activarla desde el gobierno, cada actor contribuya según sus condiciones y de acuerdo con las necesidades específicas del problema público a resolver.

Arellano, David y Felipe Blanco , Políticas públicas y democracia , México, IFE. Arnstein, Sherry R. Barber, Benjamin R. Berry, Jeffrey M. Portney y Ken Thomson , The Rebirth of Urban Democracy , Washington, D. Blanco, Ismael y Ricard Gomà , Gobiernos locales y redes participativas , Barcelona, Ariel.

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Moynihan, Daniel P. La finalidad de la participación ciudadana es conseguir que todas las personas tengan las mismas oportunidades para opinar, expresar y participar en los asuntos públicos. Inicio Servicios Catálogo de publicaciones. Ley Participacion Ciudadana en lectura fácil.

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