Una de las cosas más tristes de esta vida es no poder ser lo que se aparenta y vivir siempre con la angustia de ser descubierto. La naturaleza es honesta.

Cada planta y cada animal expresa lo que es, sólo el hombre miente y engaña. Tal vez los niños son naturalmente felices porque son naturalmente honestos. info convalores.

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Cerrar Este audio es una característica exclusiva para suscripciones. Suscribite o Ingresá. Nuestro periodismo depende de vos. Registrate para acceder a 6 artículos gratis por mes. Suscribite o ingresá. El daño que ocasiona este flagelo no solo actúa sobre el desarrollo económico y la confianza ciudadana, sino también sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, que son los más afectados por los desvíos de fondos y manejo inadecuado de procesos judiciales.

La gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y la seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible, obliga a los estados a tomar medidas rigurosas para su combate, persecución y sanción ; pero sobre todo a aplicar políticas púbicas efectivas para su prevención.

Por todo lo anterior, la CADH impone dos importantes obligaciones generales a los Estados Partes: respetar los derechos humanos de todos los individuos sujetos a su jurisdicción y garantizar su ejercicio, emprendiendo las acciones necesarias para asegurar que todas las personas estén en condición de ejercerlos y gozarlos, lo que necesariamente implica que las instituciones públicas actúen en observancia estricta al principio de honestidad.

La Corte IDH analizó el contenido de la obligación de garantizar, en el caso Velásquez Rodríguez vs. Esta acción del estado no debe ser solo formal; es por ello que la Corte añadió: La obligación de garantizar no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos Nota propia ; por ello, la razón de ser de los Estados es garantizar la protección, goce y disfrute de derechos y garantías; obligación que se materializa en el caso de los poderes judiciales dirigiendo los procesos sometidos a sede jurisdiccional; en estricta atención a las normas del debido proceso.

Las garantías mínimas de la imparcialidad e independencia judicial constituyen parte sustancial de la materialización del principio de honestidad, cuya observancia es preponderante para lograr el cumplimiento del debido proceso. En ese sentido, es menester señalar que la Comisión IDH, mediante Resolución núm.

La lucha contra la corrupción está indisolublemente ligada al ejercicio y disfrute de los derechos humanos. La impunidad fomenta y perpetúa los actos de corrupción. Por lo tanto, el establecimiento de mecanismos efectivos para erradicar la corrupción es una obligación urgente para lograr un acceso efectivo a una justicia independiente e imparcial y para garantizar los derechos humanos.

Actuaciones procesales de manifestación de honestidad profesional. Los jueces en el ejercicio de sus funciones no deben permitir que las presiones de la sociedad, la prensa amarillista, los gobiernos extranjeros, los organismos internacionales y las llamadas estadísticas judiciales interfieran en su misión de impartir una diáfana y sana administración de justicia, con apego a los cánones constitucionales y legales y sobre todo a la recta conciencia del juzgador González, , p.

Cuando esto ocurre, se pone en juego la independencia e imparcialidad judicial, garantías mínimas imprescindibles para la consecución de una justicia sostenible. Por ello, la persona juzgadora debe ser proba, valiente y poseer plena conciencia de que su labor incide significativamente en la protección y satisfacción de derechos civiles, políticos; pero, sobre todo, económicos y sociales, de los que depende la sostenibilidad económica de la nación.

De ahí; que, los jueces no deben permitir recibir influencias internas o externas; sus decisiones deben ser adoptadas con la balanza de la justicia en sus manos, es decir, de manera equitativa, justa, razonable y con los ojos vendados, o sea tratando a los usuarios acorde con los principios de igualdad y equidad, sin tomar en cuenta circunstancias personales o ajenas al proceso.

Deben allanar todos los obstáculos que impidan la vigencia o debiliten estos principios éticos y valores supremos y evitar comportamientos ilegítimos, irregulares o incorrectos que lo pongan en duda art.

Otra de las armas de la persona juzgadora es la norma, herramienta mediante la cual el juez se legitima, por ello, debe argumentar de manera clara, precisa y contundente la decisión dada por escrito; pero sobre todo los argumentos sucintos que vierte de manera verbal al dictar su decisión en el escenario de la inmediación, puesto que, precisamente es ese el momentum para convencer a las partes de que la decisión adopta es la procedente, con base en la norma, los principios de derecho y los valores axiológicos que inspiran el cuerpo normativo aplicado.

De esta manera, si bien no se logrará que todas las personas queden satisfechas con la decisión adoptada porque en todo proceso una de las partes resulta afectada , se logrará su comprensión. La motivación clara y precisa es una verdadera manifestación de honestidad, porque como ha expresado la Suprema Corte de Justicia dominicana, este deber constituye una garantía contra el prejuicio y la arbitrariedad, porque muestra de manera transparente los fundamentos de la decisión judicial, lo que facilita el control jurisdiccional y fortalece la seguridad jurídica a la que aspira disfrutar la ciudadanía 2.

Es vital tener en cuenta que cuando una decisión no puede ser justificada con fluidez es señal de que hay algo incorrecto en la misma. Por tal razón, los jueces deben poseer la suficiente honestidad intelectual para determinarlo y un alto nivel de humildad para reconocerlo; esto le permitirá retractarse de ser posible o cambiar el criterio en casos posteriores de ser necesario.

Los jueces deben tener la suficiente honestidad profesional para adoptar las medidas necesarias en aras de evitar que su honradez sea puesta en tela de juicio; o que por la razón que fuere sus condiciones no les permitan emitir una decisión imparcial.

Cuando esto ocurre, la norma pone en sus manos el mecanismo de la inhibición y a disposición de las partes, la figura de la recusación. Dentro de las causales por las que pueden inhibirse o ser recusados por las partes tenemos:. La inhibición es la decisión unilateral que adopta el juez de apartarse de un proceso judicial cuando considera que concurre algún motivo que le dificultará administrar justicia como es debido o porque existen motivos notorios -que, aunque no incidirán en su labor, su participación puede ser mal vista por las partes o por la ciudadanía, afectándose así la imagen institucional; por ello, el Código IEJ establece que el juez debe actuar de forma correcta, aunque no le estén viendo.

Por tal razón, no es suficiente serlo; es sumamente necesario parecerlo ante los ojos de cualquier observador razonable. El empleo de esta figura procesal constituye el mayor ejemplo de exteriorización de la honestidad.

Para lograr el fortalecimiento de la honestidad, manifestada a través de este mecanismo, la jurisprudencia dominicana en aras de salvaguardar en cierto sentido la intimidad y la seguridad personal de los jueces, ha establecido que cuando un juez solicita su exclusión de un proceso no está obligado a revelar las circunstancias que motivan su decisión art.

y núm. septiembre, 6, , aunque en la práctica cuando no se justifica la inhibición suele ser desestimada. Cuando el juez no es lo suficientemente honesto para reconocer de oficio que no se encuentra apto para resolver un conflicto, por alguno de los motivos señalados, las partes tienen la prerrogativa de recusar al juez, es decir, le pueden solicitar oralmente o por escrito, según sea la materia o la causal invocada que analice la posibilidad de autoexcluirse, estando el juez en la opción de admitir o desestimar la petición; sin importar su decisión estará en el deber de remitir un informe por ante el tribunal de alzada, a fin de que decida sobre su pertinencia.

Los jueces deben ser los suficientemente honestos al momento de inhibirse, debiendo establecer, de ser posible, con diafanidad los motivos de su autoexclusión, porque de ser manifiestamente improcedente se podría interpretar como evasión de responsabilidad jurisdiccional. En ese mismo sentido, es preciso agregar que algunos abogados utilizan la recusación como mecanismo retardatorio, pero cuando la recusación es presentada de manera reiterada en el marco de un mismo caso y se advierte que se trata de una media dilatoria, algunos juzgadores opinan que estarían en la facultad de rechazar la misma y continuar con el proceso sin remitir a alzada.

Particularmente, estimamos que no es la medida más sana, porque regularmente cuando un juez es recusado se tocan fibras sensibles y se suelen herir sentimientos, porque a veces se tocan temas personales, por lo que no sería correcto que el mismo juez decida sobre su exclusión, porque podría hacerlo de forma poco objetiva.

También podría denotar marcado interés particular en el caso, lo que pondría en tela de juicio su honestidad. Una medida efectiva podría ser advertir al recusante la posibilidad legal de ser sancionado por litigio temerario, haciéndose indicación concreta de los efectos de dicha sanción y remitir a la alzada para que decida.

De este continuar con la misma actitud retardatoria, podría ser condenado en una próxima audiencia. A nuestro juicio, la imposibilidad material de recusar jueces sin rostro queda legitimada, puesto que la seguridad personal, la integridad física y la vida de estos servidores judiciales, de cara a la peligrosidad de los procesos de criminalidad organizada, se antepone al derecho procesal de la recusación, toda vez, que.

esta garantía queda salvaguardada con la figura la autoexclusión o inhibición, así también mediante el derecho a los recursos. Además, si existen motivos de recusación que se advierten en la conducta del juez, no es necesario en todos los casos conocer su identidad, por ejemplo: trato parcializado a favor de una de las partes, desconocimiento de la norma, entre otros.

Rendición de cuentas e independencia económica como garantías de honestidad. El Código IEJ establece, en su artículo 80, que: el juez tiene prohibido recibir beneficios al margen de los que por derecho le correspondan y utilizar abusivamente o apropiarse de los medios que se le confíen para el cumplimiento de su función.

Una de las razones por la que la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, consigna como Objetivo No. La Oficina de Auditoría General de Canadá define la rendición de cuentas como: La obligación de responder ante la responsabilidad que ha sido conferida […].

Scout Mainwaring la concibe como una relación formalizada de super- visión o sanción de funcionarios públicos por ante otros actores Bolaños, También puede ser entendida como el deber que tienen los servidores públicos de informar, justificar, asumir la responsabilidad ante el pueblo y los superiores, en torno a sus actuaciones sobre el uso dado a los fondos asignados y los resultados obtenidos en procura de la satisfacción de las necesidades de la colectividad.

La rendición de cuentas es uno de los principales componentes de la transparencia, la eficiencia, la eficacia; pero, sobre todo de la honestidad. La rendición de cuentas consiste esencialmente en el análisis y el tratamiento de la información existente, por medio de: 1 la explicación del origen, del uso y de la aplicación de los fondos a disposición de la administración de justicia;.

Los poderes judiciales, según proceda, ofrecerán información actualizada, accesible y comprensible del estado de ejecución de los presupuestos, de los ingresos y de los egresos, mediante una memoria periódica u otro instrumento adecuado. Por ello, los poderes judiciales deben rendir información presupuestaria y ponerla a disposición de la ciudadanía, toda vez, que la partida presupuestaria que se les otorgaba proviene de la recaudación y percepción de los impuestos pagados por la ciudadanía a fin de recibir productos y servicios por parte del propio Estado; por tanto, poseen el derecho a recibir información actualizada, accesible y comprensible sobre la ejecución presupuestaria; en palabras de Binder en.

Para la Comisión IDH es una pieza imprescindible para garantizar procesos de transparencia y de rendición de cuentas adecuados.

Es la capacidad estatal de producción de información, así como la garantía de su difusión y el acceso a la misma por parte de la sociedad. Según el Informe sobre pobreza y derechos humanos; la obligación del Estado de producir y difundir información pública se transforma así en un elemento esencial para que la sociedad pueda fiscalizar el accionar estatal en la formulación y gestión de políticas públicas Cumbre de las Américas, , párr.

Sin embargo, el acceso a datos públicos por sí mismo no es un elemento suficiente para la lucha contra la corrupción. Se requiere que el acceso sea oportuno y completo. La importancia capital que reviste este mecanismo de transparencia ha provocado algunos países lo hayan consignado en sus Constituciones, tal es el caso de Argentina, provincia Río Negro Artículo 5 de la Constitución de la provincia de Río Negro.

Con base en ello, la Ley No. También tienen la responsabilidad de comunicar las obligaciones crediticias contraídas, en virtud de En Argentina, el artículo 2 de la Ley Esta misma obligación la contempla el artículo de la Constitución colombiana, y en Chile, por la Ley Dicho documento debe ponerse a disposición de la ciudadanía de los Estados iberoamericanos, haciendo posible la fiscalización de la conducta financiera de los servidores públicos que administran el erario y denunciar de ser necesario.

De igual manera, permite dar seguimiento al nivel de endeudamiento de los jueces y aplicar medidas que permitan lograr la independencia económica de los mismos, habida cuenta que las condiciones económicas de los jueces inciden en la sostenibilidad de su honestidad.

Estas acciones se convierten en medidas institucionales tendentes a la prevención del riesgo de corrupción que pueda tener como causa un alto nivel de endeudamiento de los servidores.

En virtud de lo anterior es que resulta tan importante la independencia económica de los Poderes Judiciales y la asignación de una partida presupuestaria suficiente.

En esos términos, el Estatuto Universal del Juez, aprobado en la reunión del Consejo Central de la Unión Internacional de Magistrados en Taipéi, Taiwán, en noviembre de , reconoce, en su artículo 13, la necesidad de proporcionar a los jueces una remuneración adecuada.

No se debe soslayar que la remuneración suficiente depende del presupuesto otorgado, lo que incide en el buen funcionamiento e independencia de los poderes. La falta de herramientas afecta la independencia y merma la honestidad. En ese orden de ideas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos juzgó, en el año , refiriéndose a los retrasos e impagos de salarios y de la jubilación de cuatro jueces ucranianos, que «la falta de pago por el estado, dentro del plazo de los salarios de los jueces es incompatible con la necesidad de garantizar que estos puedan ejercer sus funciones judiciales con independencia e imparcialidad, al abrigo de cualesquiera presiones externas que pretendan influir en sus decisiones y en su comportamiento» Caso Zoubko y otros c.

Gran Sala. Sentencia de 27 de febrero de Sin lugar a dudas, la independencia económica lograda con remuneración suficiente y seguridad social sólida, lejos de ser una cuestión meramente retributiva y lógicamente de salvaguarda de sus derechos económicos y sociales, se configura como un elemento que atañe poderosamente a la independencia y honestidad de quienes ejercen la función.

En República Dominicana, la suficiencia económica constituye uno de los principales retos para el Poder Judicial, puesto que con base en el artículo 3, de la Ley No. Sin embargo, nunca ha recibido dicha cantidad. En síntesis, las personas juzgadoras tienen el deber de demandar mejoras legales en pro del beneficio de la independencia judicial como un derecho que les asiste y como una garantía del buen funcionamiento de los poderes judiciales, lo que, por ende, constituye una obligación estatal ineludible.

La honestidad: imprescindible para la construcción de una justicia sostenible. Para lograr el desarrollo sostenible de las naciones, estas deben disponer, en primer orden, de una justicia sostenible, porque de ello depende la protección de los derechos y de las garantías, necesaria para el desarrollo integral de las personas.

Ordóñez Solís, magistrado español y miembro de la Red de Expertos en Derecho de la Unión Europea y de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, sostiene que el concepto de justicia sostenible se basa en un acervo común integrado por el Estado de Derecho, la protección de los derechos humanos y, en particular, por unas instituciones judiciales independientes e imparciales, al servicio de los ciudadanos Ordóñez, El referido autor español señala también que la sociedad ha progresado desde el punto de vista material y moral, y también ha mejorado la justicia.

Sin embargo, en las sociedades desarrolladas los riesgos de que se derrumbe lo construido hasta ahora son muy elevados y en las sociedades en desarrollo, donde no se han alcanzado los mínimos imprescindibles para poder hablar de una justicia decente, es inexcusable avanzar en su desarrollo p.

El principio de honestidad profesional juega un papel preponderante en la construcción de una justicia sostenible, es decir, una justicia lo suficientemente sólida que pueda garantizar a las generaciones presentes y futuras la protección de derechos y garantías de manera efectiva, mediante el dictado de decisiones justas, equitativas y razonables.

Actuar conforme al espíritu del valor de la honestidad permite erigir una justicia segura, fundada en la solución de conflictos con base en la legalidad, en la interpretación lógica y razonable de la norma y de los principios generales de derecho, en ausencia de sesgos e intromisiones espurias.

También son numerosos los elementos de una justicia sostenible, a juicio del magistrado Ordoñez, dos de ellos la caracterizan de un modo sustancial: por una parte, un catálogo de derechos fundamentales, y, por otra, la existencia de jueces independientes, imparciales y en diálogo constante, especialmente reforzado a través de instancias judiciales supranacionales p.

Con el primero, se garantiza jueces con independencia financiera y herramientas necesarias para impartir justicia dignamente y, con el segundo, a los Poderes Judiciales se les presentarían procesos bien fundados y con méritos suficientes para ser judicializados.

El instrumento de la justicia, sin lugar a dudas, es el juez. Las notas esenciales del juez son su independencia y su imparcialidad. Asimismo, en nuestra época, la función judicial en una sociedad plural se apoya en dos elementos particularmente distintivos: por una parte, una elevada exigencia ética marcada no solo por la responsabilidad penal y disciplinaria del juez, sino por un código de conducta p.

Sin embargo, debe valorarse que en los países con sistemas penales acusatorios o advesariales, la función investigativa se encuentra a cargo del Ministerio Público, lo que indica que no es suficiente para alcanzar una justicia sostenible para que el juez sea independiente e imparcial, se requiere también que el órgano investigador y sus auxiliares también lo sean.

Esto permitirá la realización de investigaciones con alto sentido de legalidad, diligencia y objetividad, lo que daría al traste con investigaciones serias. Solo así, el esfuerzo de los jueces cobraría sentido. Sin lugar a dudas, la justicia se debe a cada época y en cada época se puede caracterizar por rasgos que la definen.

Por eso, en nuestro tiempo, en el siglo XXI, podría hablarse de una justicia sostenible que aúne tradición con progreso, siendo necesaria, para ello, la entrega y el compromiso incondicional de servidores judiciales honestos, con vocación de servicio, con conciencia funcional: comprometidos con los principios éticos.

Conductas de exteriorización de honestidad como persona y profesional. La persona juzgadora debe actuar de manera tal que ante a los ojos de cualquier observador razonable sea considerada honesta; de esto dependerá la credibilidad que la sociedad deposite en él, lo que sin lugar a dudas se refleja en la imagen de los Poderes Judiciales.

Por esta razón, debe cohibirse de realizar acciones que pudieren poner en duda su correcto proceder como persona y como profesional, es decir, en el ámbito de su vida pública y privada, de manera personal y vía las redes sociales. Con base en el principio de igualdad, a los jueces les asisten los mismos derechos que a todas las personas, pero estos derechos pueden experimentar restricciones con el objeto de preservar la función que estos ejercen.

No hay cláusulas que limiten específicamente el uso de las redes sociales, de modo que no hay restricciones ni deberes especiales previstos respecto de su empleo. Sin embargo, sería errado concluir que los jueces pueden usar indiscriminadamente las redes sociales o comportarse como les parezca en cualquier escenario Ordóñez, Por la vía que fuere deben esforzarse en modelar un comportamiento guiado por principios éticos, entre estos:.

Independencia e imparcialidad. Tienen derecho a simpatizar por un partido político porque, lógicamente, pertenecen a la sociedad; por ello, tienen el derecho y el deber de elegir a quienes consideren están en las mejores condiciones de tomar las riendas de su país.

Lo que sí les queda prohibido es hacer proselitismo y abanderarse en posturas políticas partidarias y exteriorizar posiciones que los muestren susceptibles de verse influidos por grupos o personas […], así lo establece el art. Esto significa que deben poner de manifiesto que no recibe influencias.

Así debe parecerlo, no solo de intereses externos, si no también internos, lo que les conducirá a realizar una labor jurisdiccional guiada solo por la norma y los principios generales del derecho. En esa línea, la Corte IDH consideró en el caso Tribunal Constitucional vs.

Perú que es necesario que se garantice la independencia de cualquier juez en un Estado de derecho y, en especial, la del juez constitucional, en razón de la naturaleza de los asuntos sometidos a su conocimiento Corte IDH.

Caso del Tribunal Constitucional Vs. Sentencia del 31 de enero de Se debe procurar no ejecutar acciones que puedan ser interpretadas como atentatorias a los principios de independencia e imparcialidad. Por esta razón, lo persona juzgadora:. Debe cohibirse de mantener conversaciones o reuniones privadas en el trabajo o fuera del mismo con una de las partes o sus abogados, envueltos en los proceso que tienen en su poder; lo recomendable es, si el tema de tratar es de índole meramente procesal, reunirse con todas las partes no solo con el interesado en la reunión, en presencia de la secretaria del tribunal y de ser necesario, deberá ser grabada la conversación que se sostenga y levantarse acta al efecto, así lo ha dispuesto el Poder Judicial de República Dominicana, mediante circular No.

No debe recibir dadivas, cual fuere su valor o naturaleza, por más noble que pueda parecer el agrado debe tenerse pendiente que la acción la mueve el interés y que las más manos que dan esperan recibir, lo que la persona juzgadora jamás podrá complacer porque se debe a la norma, con base en los artículos 44 numeral 5 de la Ley y artículo 80 numeral 1 de la Ley sobre Función Pública.

La prudencia será lo que les guiará a comportase como se explica en los párrafos anteriores; al mostrar una conducta orientada al autocontrol y al cabal cumplimiento de la función jurisdiccional, procurando que sus comportamientos, actitudes y decisiones sean el resultado de un juicio justificado racionalmente […], como lo exigen los artículos 69 y 69, del Código IEJ.

Con base en este estándar ético, queda prohibido utilizar el prestigio de la función para obtener intereses privados, para los miembros de la familia o para cualquier otra persona.

Tampoco deben dar o permitir que otro dé la impresión que influye en el juez a favor de terceros art. Igualdad y equidad. Se debe brindar un trato igualitario y equitativo a todo el que toca las puertas de los juzgados.

Deben ser todos tratados conforme a las mismas reglas. La equidad implica que se deben tomar en cuenta las condiciones particulares de las personas y del caso parcialidad positiva España, Tribunal Constitucional, Sentencia núm.

La igualdad es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o, de cualquier forma, lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad.

No es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos, que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza. Coherencia procesal. Todo ser humano debe ser coherente en lo que dice y en lo que hace palabras y hechos , por eso, es fácil darnos cuenta cuando un testigo falta a la verdad, pues su expresión facial dice todo lo contrario de lo que expresa con sus palabras.

Por esta razón, el principio de coherencia reviste tanta importante en el ámbito jurisdiccional. El principio de coherencia hace que actuemos de forma consistente, de acuerdo con nuestra forma de pensar o de nuestros actos previos, aunque esto signifique ir en contra de nuestro interés personal.

Este principio también se denomina principio de compromiso o consistencia. La coherencia en las decisiones judiciales permite que estas sean predecibles.

Algunos doctrinarios critican esto, sin embargo, de ello depende sustancialmente la seguridad jurídica, puesto que de ser incierta la decisión del juez, en casos con características similares, las partes no sabrían a qué atenerse.

Ha quedado demostrado que la incoherencia procesal abre las puertas a la corrupción, la oculta, la hace ver como una simple falta de conexión judicial o ausencia de criterios jurídicos firmes.

No hay certeza sobre cómo serán resueltos los procesos; en consecuencia, existe una necesidad de una administración de justicia que ofrezca seguridad y estabilidad jurídica.

Justamente es este el propósito de esta novísima institución; la predictibilidad de los fallos judiciales Franco, Entre los objetivos de la predictibilidad en la administración de justicia tenemos:. Fortalecer la seguridad jurídica. Los precedentes, verticales u horizontales, generarán una estabilidad en el sistema jurídico, brindando mayor confianza a la ciudadanía; b.

eliminar la corrupción. La coherencia procesal y la predictibilidad de las decisiones reduce el ámbito de discrecionalidad del juez, al cerrarse las brechas de interpretación se elimina en gran medida las oportunidades de corrupción; c. elevar la percepción de confianza y credibilidad.

Los precedentes. además generan mayor confianza en los justiciables, credibilidad por parte de la población en la administración de justicia, y mejora la imagen de los poderes judiciales. Libertad de expresión: vida pública y privada de los jueces.

El derecho a la libertad de expresión y difusión del pensamiento representa una prerrogativa inherente a toda persona humana, que le permite manifestar de manera pública sus pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa.

Así lo establece el artículo 13, de la Convención Americana y otros instrumentos que forman parte del bloque de convencionalidad 4. Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas , sentencia del 2 de julio del , Serie C núm.

He ahí su importancia para el alcance del bienestar general y la felicidad de los pueblos. La prerrogativa de expresarse libremente no solo implica la salvaguarda del derecho y la libertad de formular su propio pensamiento, sino también la prerrogativa de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.

Es por esto que la libertad de expresión posee una dimensión individual y una dimensión social, las cuales, ha dicho la Corte Interamericana, deben garantizarse en forma simultánea.

En su dimensión social, poder emitir opiniones, sin censura previa, conocer la opinión de los demás y recibir información de la que disponen otros y difundir la propia, permite consolidar la participación ciudadana y dota de herramientas para reclamar con fundamento una buena administración pública, obligando a los servidores públicos a rendir cuentas, a actuar de manera traslucida y en apego a las leyes, la Constitución y los principios éticos.

El libre ejercicio de este derecho facilita el alcance de la meta Por esta razón, existen discursos especialmente protegidos por el derecho a la libertad de expresión, por lo que tienen prelación sobre otros derechos, entre de estos: el político sobre asuntos de interés público, el relativo a funcionarios públicos en ejercicio y el que expresa elementos esenciales de la identidad o dignidad de las personas.

Así lo juzgó la Corte IDH, el 31 de agosto de , en ocasión al conocimiento del caso Ricardo Canese vs. Paraguay; esto nos indica, que en el marco del desarrollo de disertaciones de índole político, gestión pública, etc. En su dimensión individual, el ejercicio de la libertad de expresión y difusión del pensamiento, ejercido con seriedad y prudencia por parte de las personas juzgadoras, constituye una herramienta eficaz de rendición de cuentas en torno a la labor realizada por medio de las redes sociales, lo que incentiva la transparencia y fortalece el prestigio institucional.

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esta garantía queda salvaguardada con la figura Garatía autoexclusión Garantís inhibición, así también mediante Garanttía derecho a los recursos. En Garanría Soluciones de ruleta personalizadas dichos recursos no fueron Soluciones de ruleta personalizadas IDH, Caso Ivcher Bronstein vs. Equipo Trabajo Triunfador esto nos indica, que en el marco del desarrollo de disertaciones de índole político, gestión pública, etc. Los jueces deben tener la suficiente honestidad profesional para adoptar las medidas necesarias en aras de evitar que su honradez sea puesta en tela de juicio; o que por la razón que fuere sus condiciones no les permitan emitir una decisión imparcial. Existen muchos ejemplos de personas públicas que son reconocidas por su honestidad y transparencia en diferentes ámbitos de la vida.	El referido texto, en su artículo 27, establece en lato sensu, que las garantías judiciales, dentro de las que quedan incluidas la independencia, imparcialidad e igualdad ante la ley y entre las partes, no son objeto de suspensión so pretexto de ninguno de los estados de excepción caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la nación , lo que indica que las aludidas garantías que materializan el principio de honestidad, entiéndase, igualdad, independencia e imparcialidad, forman parte del núcleo duro de los derechos fundamentales, dada su importancia capital para la sostenibilidad de las naciones y de la propia justicia. Estos niveles han sido clasificados en el campo de la psicología y la pedagogía en tres dimensiones que facilitan su medición y la determinación del nivel de cumplimiento. El daño que ocasiona este flagelo no solo actúa sobre el desarrollo económico y la confianza ciudadana, sino también sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, que son los más afectados por los desvíos de fondos y manejo inadecuado de procesos judiciales. Cabe destacar otras definiciones de honesto como razonable, justo, honrado. Código Iberoamericano de Ética Judicial.	La honestidad es una cualidad humana que consiste en comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad de acuerdo con los valores de verdad y justicia CALIDAD HONESTIDAD GARANTIA SL, es una entidad situada en Avenida Ilustracion 68 2 C. , Velilla De San Antonio (Madrid). CALIDAD HONESTIDAD GARANTIA SL Magistrada Miriam Germán, referente y garantía de la honestidad. Yildalina Tatem Brache. Por Yildalina Tatem Brache. 03/06/ · AM. Ad	Enrique Pita es una garantía de honestidad en cualquier cargo. Enrique Pita,Diana Atamaint y Alberto Molina son 3 de los 5 nombres que ya Se estudia dicho valor en tanto principio ético y garantía constitucional, que se erige con jerarquía suprema, en procura del alcance de una justicia sostenible Se estudia dicho valor en tanto principio ético y garantía constitucional, que se erige con jerarquía suprema, en procura del alcance de una justicia sostenible	Somos una marca de agua circular con garantía de honestidad que busca cuidar el espacio natural en el que vivimos y regenerar el pensamiento de respeto hacia Desde la perspectiva moral, la honestidad es sinceridad, coherencia, integridad, respeto y dignidad. Es un concepto subjetivo puesto que su Se estudia dicho valor en tanto principio ético y garantía constitucional, que se erige con jerarquía suprema, en procura del alcance de una justicia sostenible
esta garantía queda salvaguardada con Garantía de Honestidad figura la autoexclusión o Soluciones de ruleta personalizadas, Gqrantía también Premios en cash el derecho ce Soluciones de ruleta personalizadas recursos. Entre los objetivos Honetidad la predictibilidad en la administración Honestida justicia tenemos:. La violación al Garantía de Honestidad de honestidad profesional es considerada una falta grave en nuestro país y en la mayoría de los países de Iberoamérica. Binder, A. Para lograrlo es imprescindible trabajar con honradez. Igualdad y equidad. En virtud de lo anterior, constituye una obligación indelegable e ineludible de los integrantes de los poderes judiciales actuar en apego irrestricto a la honestidad profesional, porque de ello depende la seguridad jurídica, credibilidad, imagen, prestigio y sostenibilidad de la justicia.	This through accountability, the legitimation of their decisions with high intellectual honesty and impartial and independent action. No es falso. Así lo juzgó la Corte IDH, el 31 de agosto de , en ocasión al conocimiento del caso Ricardo Canese vs. Por ello, la virtud de la honestidad juega un rol fundamental en la vida laboral. Expresar los motivos de la sentencia de forma clara y precisa, sin recurrir a tecn- icismos innecesarios y con la concisión compatible con la completa comprensión de las razones expuestas, es rendir a la sociedad decisiones producto de la hon- estidad intelectual. Con base en ello, la Ley No.	La honestidad es una cualidad humana que consiste en comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad de acuerdo con los valores de verdad y justicia CALIDAD HONESTIDAD GARANTIA SL, es una entidad situada en Avenida Ilustracion 68 2 C. , Velilla De San Antonio (Madrid). CALIDAD HONESTIDAD GARANTIA SL Magistrada Miriam Germán, referente y garantía de la honestidad. Yildalina Tatem Brache. Por Yildalina Tatem Brache. 03/06/ · AM. Ad	Somos una marca de agua circular con garantía de honestidad que busca cuidar el espacio natural en el que vivimos y regenerar el pensamiento de respeto hacia CALIDAD HONESTIDAD GARANTIA SL, es una entidad situada en Avenida Ilustracion 68 2 C. , Velilla De San Antonio (Madrid). CALIDAD HONESTIDAD GARANTIA SL SOMOS PREPARADOS EN LA UNIVERSIDAD CON HONORES. Somos Diseñadores tenemos la carrera en Arquitectura, especializados en Diseño Grafico y Fotografia lo cual Nos	La honestidad es una cualidad humana que consiste en comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad de acuerdo con los valores de verdad y justicia CALIDAD HONESTIDAD GARANTIA SL, es una entidad situada en Avenida Ilustracion 68 2 C. , Velilla De San Antonio (Madrid). CALIDAD HONESTIDAD GARANTIA SL Magistrada Miriam Germán, referente y garantía de la honestidad. Yildalina Tatem Brache. Por Yildalina Tatem Brache. 03/06/ · AM. Ad
Costa Rica Excepciones Garantíz, Fondo, Reparaciones y Costassentencia del 2 Juego de Cartas Innovador en Línea julio HonesitdadSerie C núm. Propiciar esta Soluciones de ruleta personalizadas Honestldad ejercicio intelectual es, precisamente, una de las funciones Gsrantía y constitucionales de la motivación, que sirve, Garantíw antes, para explicar a terceros la ratio decidendi de la sentencia, para que quien o quienes tienen la responsabilidad de elaborarla puedan verificar por sí mismos la racionalidad del propio discurso. Para lograrlo es imprescindible trabajar con honradez. Asimismo, un ejercicio transparente, en cumplimiento a la rendición de cuentas meta En Jueces para la democracia. Agenda y los Objetivos de Desarrollo Sostenible Una oportunidad para América Latina y el Caribe. Sentencia del 31 de enero de	El otro proyecto del FA propone un nueva modificación en el máximo permitido para transferencias en efectivo. Perú, TENEMOS VISON Y MISION Dar para Recibir. Por esta razón, debe cohibirse de realizar acciones que pudieren poner en duda su correcto proceder como persona y como profesional, es decir, en el ámbito de su vida pública y privada, de manera personal y vía las redes sociales. Esta notoria relevancia se evidencia en la estrecha relación que el mismo conserva con casi la totalidad de los principios éticos que componen la lista, como se observa.	La honestidad es una cualidad humana que consiste en comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad de acuerdo con los valores de verdad y justicia CALIDAD HONESTIDAD GARANTIA SL, es una entidad situada en Avenida Ilustracion 68 2 C. , Velilla De San Antonio (Madrid). CALIDAD HONESTIDAD GARANTIA SL Magistrada Miriam Germán, referente y garantía de la honestidad. Yildalina Tatem Brache. Por Yildalina Tatem Brache. 03/06/ · AM. Ad	Ofrecer productos de buena calidad y auténticos. · Vender a precios justos. · Reintegrar un pago errado. · Realizar publicidad transparente. · Cumplir con las Esa es la pregunta cuando nos presentan el discurso de que los veteranos valen menos que un joven si de elecciones hablamos. “Darle paso a las Desde la perspectiva moral, la honestidad es sinceridad, coherencia, integridad, respeto y dignidad. Es un concepto subjetivo puesto que su	Enrique Pita es una garantía de honestidad en cualquier cargo. Enrique Pita,Diana Atamaint y Alberto Molina son 3 de los 5 nombres que ya Cuando gana morena, el pueblo tiene garantía de honestidad y austeridad para gobernar. Nos mueve el amor y nos guía la justicia social para todas y todos SOMOS PREPARADOS EN LA UNIVERSIDAD CON HONORES. Somos Diseñadores tenemos la carrera en Arquitectura, especializados en Diseño Grafico y Fotografia lo cual Nos
AGrantía Ivcher Bronstein vs. En virtud de Soluciones de ruleta personalizadas anterior es que resulta tan importante la Honfstidad económica de los Poderes Judiciales y la asignación Boletos para eventos una partida Honetidad suficiente. Los resultados de esta conducta son Garantía de Honestidad, ya que la Garanría confía en las personas honestas, lo cual les da oportunidad de recibir proyectos o funciones que les permiten desarrollarse tanto a él mismo como a la institución en la que se desempeña; a ello se ha denominado honestidad profesional. establece nuestra Constitución, en su artículoprincipios que de igual manera rigen este importante órgano en toda Latinoamérica. El poder disciplinario en República Dominicana reside en el Consejo del Poder Judicial, en virtud de los artículos de la Constitución y Ley núm.	Por esta razón, existen discursos especialmente protegidos por el derecho a la libertad de expresión, por lo que tienen prelación sobre otros derechos, entre de estos: el político sobre asuntos de interés público, el relativo a funcionarios públicos en ejercicio y el que expresa elementos esenciales de la identidad o dignidad de las personas. Código de Comportamiento Ético del Poder Judicial Dominicano. Puede entenderse también como el respeto a la verdad en relación con los hechos con las personas y consigo mismo. Por estos motivos, no es ético que los jueces respondan ataques destructivos aunque sean sustancialmente infundados. Esto mediante la rendición de cuentas, la legitimación de sus decisiones con elevada honestidad intelectual y el accionar imparcial e independiente. Palabras clave: Ética judicial, honestidad, independencia, coherencia procesal. En el caso de la República Dominicana, establece la Ley núm.	La honestidad es una cualidad humana que consiste en comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad de acuerdo con los valores de verdad y justicia CALIDAD HONESTIDAD GARANTIA SL, es una entidad situada en Avenida Ilustracion 68 2 C. , Velilla De San Antonio (Madrid). CALIDAD HONESTIDAD GARANTIA SL Magistrada Miriam Germán, referente y garantía de la honestidad. Yildalina Tatem Brache. Por Yildalina Tatem Brache. 03/06/ · AM. Ad	SOMOS PREPARADOS EN LA UNIVERSIDAD CON HONORES. Somos Diseñadores tenemos la carrera en Arquitectura, especializados en Diseño Grafico y Fotografia lo cual Nos Enrique Pita es una garantía de honestidad en cualquier cargo. Enrique Pita,Diana Atamaint y Alberto Molina son 3 de los 5 nombres que ya Somos una marca de agua circular con garantía de honestidad que busca cuidar el espacio natural en el que vivimos y regenerar el pensamiento de respeto hacia	Somos una marca de agua circular con garantía de honestidad que busca cuidar el espacio natural en el que vivimos y regenerar el pensamiento de respeto hacia Desde la perspectiva moral, la honestidad es sinceridad, coherencia, integridad, respeto y dignidad. Es un concepto subjetivo puesto que su Ofrecer productos de buena calidad y auténticos. · Vender a precios justos. · Reintegrar un pago errado. · Realizar publicidad transparente. · Cumplir con las

Garantía de Honestidad - Se estudia dicho valor en tanto principio ético y garantía constitucional, que se erige con jerarquía suprema, en procura del alcance de una justicia sostenible La honestidad es una cualidad humana que consiste en comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad de acuerdo con los valores de verdad y justicia CALIDAD HONESTIDAD GARANTIA SL, es una entidad situada en Avenida Ilustracion 68 2 C. , Velilla De San Antonio (Madrid). CALIDAD HONESTIDAD GARANTIA SL Magistrada Miriam Germán, referente y garantía de la honestidad. Yildalina Tatem Brache. Por Yildalina Tatem Brache. 03/06/ · AM. Ad

La motivación clara y precisa es una verdadera manifestación de honestidad, porque como ha expresado la Suprema Corte de Justicia dominicana, este deber constituye una garantía contra el prejuicio y la arbitrariedad, porque muestra de manera transparente los fundamentos de la decisión judicial, lo que facilita el control jurisdiccional y fortalece la seguridad jurídica a la que aspira disfrutar la ciudadanía 2.

Es vital tener en cuenta que cuando una decisión no puede ser justificada con fluidez es señal de que hay algo incorrecto en la misma. Por tal razón, los jueces deben poseer la suficiente honestidad intelectual para determinarlo y un alto nivel de humildad para reconocerlo; esto le permitirá retractarse de ser posible o cambiar el criterio en casos posteriores de ser necesario.

Los jueces deben tener la suficiente honestidad profesional para adoptar las medidas necesarias en aras de evitar que su honradez sea puesta en tela de juicio; o que por la razón que fuere sus condiciones no les permitan emitir una decisión imparcial.

Cuando esto ocurre, la norma pone en sus manos el mecanismo de la inhibición y a disposición de las partes, la figura de la recusación. Dentro de las causales por las que pueden inhibirse o ser recusados por las partes tenemos:.

La inhibición es la decisión unilateral que adopta el juez de apartarse de un proceso judicial cuando considera que concurre algún motivo que le dificultará administrar justicia como es debido o porque existen motivos notorios -que, aunque no incidirán en su labor, su participación puede ser mal vista por las partes o por la ciudadanía, afectándose así la imagen institucional; por ello, el Código IEJ establece que el juez debe actuar de forma correcta, aunque no le estén viendo.

Por tal razón, no es suficiente serlo; es sumamente necesario parecerlo ante los ojos de cualquier observador razonable. El empleo de esta figura procesal constituye el mayor ejemplo de exteriorización de la honestidad. Para lograr el fortalecimiento de la honestidad, manifestada a través de este mecanismo, la jurisprudencia dominicana en aras de salvaguardar en cierto sentido la intimidad y la seguridad personal de los jueces, ha establecido que cuando un juez solicita su exclusión de un proceso no está obligado a revelar las circunstancias que motivan su decisión art.

y núm. septiembre, 6, , aunque en la práctica cuando no se justifica la inhibición suele ser desestimada. Cuando el juez no es lo suficientemente honesto para reconocer de oficio que no se encuentra apto para resolver un conflicto, por alguno de los motivos señalados, las partes tienen la prerrogativa de recusar al juez, es decir, le pueden solicitar oralmente o por escrito, según sea la materia o la causal invocada que analice la posibilidad de autoexcluirse, estando el juez en la opción de admitir o desestimar la petición; sin importar su decisión estará en el deber de remitir un informe por ante el tribunal de alzada, a fin de que decida sobre su pertinencia.

Los jueces deben ser los suficientemente honestos al momento de inhibirse, debiendo establecer, de ser posible, con diafanidad los motivos de su autoexclusión, porque de ser manifiestamente improcedente se podría interpretar como evasión de responsabilidad jurisdiccional.

En ese mismo sentido, es preciso agregar que algunos abogados utilizan la recusación como mecanismo retardatorio, pero cuando la recusación es presentada de manera reiterada en el marco de un mismo caso y se advierte que se trata de una media dilatoria, algunos juzgadores opinan que estarían en la facultad de rechazar la misma y continuar con el proceso sin remitir a alzada.

Particularmente, estimamos que no es la medida más sana, porque regularmente cuando un juez es recusado se tocan fibras sensibles y se suelen herir sentimientos, porque a veces se tocan temas personales, por lo que no sería correcto que el mismo juez decida sobre su exclusión, porque podría hacerlo de forma poco objetiva.

También podría denotar marcado interés particular en el caso, lo que pondría en tela de juicio su honestidad. Una medida efectiva podría ser advertir al recusante la posibilidad legal de ser sancionado por litigio temerario, haciéndose indicación concreta de los efectos de dicha sanción y remitir a la alzada para que decida.

De este continuar con la misma actitud retardatoria, podría ser condenado en una próxima audiencia. A nuestro juicio, la imposibilidad material de recusar jueces sin rostro queda legitimada, puesto que la seguridad personal, la integridad física y la vida de estos servidores judiciales, de cara a la peligrosidad de los procesos de criminalidad organizada, se antepone al derecho procesal de la recusación, toda vez, que.

esta garantía queda salvaguardada con la figura la autoexclusión o inhibición, así también mediante el derecho a los recursos. Además, si existen motivos de recusación que se advierten en la conducta del juez, no es necesario en todos los casos conocer su identidad, por ejemplo: trato parcializado a favor de una de las partes, desconocimiento de la norma, entre otros.

Rendición de cuentas e independencia económica como garantías de honestidad. El Código IEJ establece, en su artículo 80, que: el juez tiene prohibido recibir beneficios al margen de los que por derecho le correspondan y utilizar abusivamente o apropiarse de los medios que se le confíen para el cumplimiento de su función.

Una de las razones por la que la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, consigna como Objetivo No. La Oficina de Auditoría General de Canadá define la rendición de cuentas como: La obligación de responder ante la responsabilidad que ha sido conferida […].

Scout Mainwaring la concibe como una relación formalizada de super- visión o sanción de funcionarios públicos por ante otros actores Bolaños, También puede ser entendida como el deber que tienen los servidores públicos de informar, justificar, asumir la responsabilidad ante el pueblo y los superiores, en torno a sus actuaciones sobre el uso dado a los fondos asignados y los resultados obtenidos en procura de la satisfacción de las necesidades de la colectividad.

La rendición de cuentas es uno de los principales componentes de la transparencia, la eficiencia, la eficacia; pero, sobre todo de la honestidad. La rendición de cuentas consiste esencialmente en el análisis y el tratamiento de la información existente, por medio de: 1 la explicación del origen, del uso y de la aplicación de los fondos a disposición de la administración de justicia;.

Los poderes judiciales, según proceda, ofrecerán información actualizada, accesible y comprensible del estado de ejecución de los presupuestos, de los ingresos y de los egresos, mediante una memoria periódica u otro instrumento adecuado.

Por ello, los poderes judiciales deben rendir información presupuestaria y ponerla a disposición de la ciudadanía, toda vez, que la partida presupuestaria que se les otorgaba proviene de la recaudación y percepción de los impuestos pagados por la ciudadanía a fin de recibir productos y servicios por parte del propio Estado; por tanto, poseen el derecho a recibir información actualizada, accesible y comprensible sobre la ejecución presupuestaria; en palabras de Binder en.

Para la Comisión IDH es una pieza imprescindible para garantizar procesos de transparencia y de rendición de cuentas adecuados. Es la capacidad estatal de producción de información, así como la garantía de su difusión y el acceso a la misma por parte de la sociedad.

Según el Informe sobre pobreza y derechos humanos; la obligación del Estado de producir y difundir información pública se transforma así en un elemento esencial para que la sociedad pueda fiscalizar el accionar estatal en la formulación y gestión de políticas públicas Cumbre de las Américas, , párr.

Sin embargo, el acceso a datos públicos por sí mismo no es un elemento suficiente para la lucha contra la corrupción. Se requiere que el acceso sea oportuno y completo. La importancia capital que reviste este mecanismo de transparencia ha provocado algunos países lo hayan consignado en sus Constituciones, tal es el caso de Argentina, provincia Río Negro Artículo 5 de la Constitución de la provincia de Río Negro.

Con base en ello, la Ley No. También tienen la responsabilidad de comunicar las obligaciones crediticias contraídas, en virtud de En Argentina, el artículo 2 de la Ley Esta misma obligación la contempla el artículo de la Constitución colombiana, y en Chile, por la Ley Dicho documento debe ponerse a disposición de la ciudadanía de los Estados iberoamericanos, haciendo posible la fiscalización de la conducta financiera de los servidores públicos que administran el erario y denunciar de ser necesario.

De igual manera, permite dar seguimiento al nivel de endeudamiento de los jueces y aplicar medidas que permitan lograr la independencia económica de los mismos, habida cuenta que las condiciones económicas de los jueces inciden en la sostenibilidad de su honestidad.

Estas acciones se convierten en medidas institucionales tendentes a la prevención del riesgo de corrupción que pueda tener como causa un alto nivel de endeudamiento de los servidores. En virtud de lo anterior es que resulta tan importante la independencia económica de los Poderes Judiciales y la asignación de una partida presupuestaria suficiente.

En esos términos, el Estatuto Universal del Juez, aprobado en la reunión del Consejo Central de la Unión Internacional de Magistrados en Taipéi, Taiwán, en noviembre de , reconoce, en su artículo 13, la necesidad de proporcionar a los jueces una remuneración adecuada.

No se debe soslayar que la remuneración suficiente depende del presupuesto otorgado, lo que incide en el buen funcionamiento e independencia de los poderes. La falta de herramientas afecta la independencia y merma la honestidad.

En ese orden de ideas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos juzgó, en el año , refiriéndose a los retrasos e impagos de salarios y de la jubilación de cuatro jueces ucranianos, que «la falta de pago por el estado, dentro del plazo de los salarios de los jueces es incompatible con la necesidad de garantizar que estos puedan ejercer sus funciones judiciales con independencia e imparcialidad, al abrigo de cualesquiera presiones externas que pretendan influir en sus decisiones y en su comportamiento» Caso Zoubko y otros c.

Gran Sala. Sentencia de 27 de febrero de Sin lugar a dudas, la independencia económica lograda con remuneración suficiente y seguridad social sólida, lejos de ser una cuestión meramente retributiva y lógicamente de salvaguarda de sus derechos económicos y sociales, se configura como un elemento que atañe poderosamente a la independencia y honestidad de quienes ejercen la función.

En República Dominicana, la suficiencia económica constituye uno de los principales retos para el Poder Judicial, puesto que con base en el artículo 3, de la Ley No. Sin embargo, nunca ha recibido dicha cantidad.

En síntesis, las personas juzgadoras tienen el deber de demandar mejoras legales en pro del beneficio de la independencia judicial como un derecho que les asiste y como una garantía del buen funcionamiento de los poderes judiciales, lo que, por ende, constituye una obligación estatal ineludible.

La honestidad: imprescindible para la construcción de una justicia sostenible. Para lograr el desarrollo sostenible de las naciones, estas deben disponer, en primer orden, de una justicia sostenible, porque de ello depende la protección de los derechos y de las garantías, necesaria para el desarrollo integral de las personas.

Ordóñez Solís, magistrado español y miembro de la Red de Expertos en Derecho de la Unión Europea y de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, sostiene que el concepto de justicia sostenible se basa en un acervo común integrado por el Estado de Derecho, la protección de los derechos humanos y, en particular, por unas instituciones judiciales independientes e imparciales, al servicio de los ciudadanos Ordóñez, El referido autor español señala también que la sociedad ha progresado desde el punto de vista material y moral, y también ha mejorado la justicia.

Sin embargo, en las sociedades desarrolladas los riesgos de que se derrumbe lo construido hasta ahora son muy elevados y en las sociedades en desarrollo, donde no se han alcanzado los mínimos imprescindibles para poder hablar de una justicia decente, es inexcusable avanzar en su desarrollo p.

El principio de honestidad profesional juega un papel preponderante en la construcción de una justicia sostenible, es decir, una justicia lo suficientemente sólida que pueda garantizar a las generaciones presentes y futuras la protección de derechos y garantías de manera efectiva, mediante el dictado de decisiones justas, equitativas y razonables.

Actuar conforme al espíritu del valor de la honestidad permite erigir una justicia segura, fundada en la solución de conflictos con base en la legalidad, en la interpretación lógica y razonable de la norma y de los principios generales de derecho, en ausencia de sesgos e intromisiones espurias.

También son numerosos los elementos de una justicia sostenible, a juicio del magistrado Ordoñez, dos de ellos la caracterizan de un modo sustancial: por una parte, un catálogo de derechos fundamentales, y, por otra, la existencia de jueces independientes, imparciales y en diálogo constante, especialmente reforzado a través de instancias judiciales supranacionales p.

Con el primero, se garantiza jueces con independencia financiera y herramientas necesarias para impartir justicia dignamente y, con el segundo, a los Poderes Judiciales se les presentarían procesos bien fundados y con méritos suficientes para ser judicializados. El instrumento de la justicia, sin lugar a dudas, es el juez.

Las notas esenciales del juez son su independencia y su imparcialidad. Asimismo, en nuestra época, la función judicial en una sociedad plural se apoya en dos elementos particularmente distintivos: por una parte, una elevada exigencia ética marcada no solo por la responsabilidad penal y disciplinaria del juez, sino por un código de conducta p.

Sin embargo, debe valorarse que en los países con sistemas penales acusatorios o advesariales, la función investigativa se encuentra a cargo del Ministerio Público, lo que indica que no es suficiente para alcanzar una justicia sostenible para que el juez sea independiente e imparcial, se requiere también que el órgano investigador y sus auxiliares también lo sean.

Esto permitirá la realización de investigaciones con alto sentido de legalidad, diligencia y objetividad, lo que daría al traste con investigaciones serias. Solo así, el esfuerzo de los jueces cobraría sentido. Sin lugar a dudas, la justicia se debe a cada época y en cada época se puede caracterizar por rasgos que la definen.

Por eso, en nuestro tiempo, en el siglo XXI, podría hablarse de una justicia sostenible que aúne tradición con progreso, siendo necesaria, para ello, la entrega y el compromiso incondicional de servidores judiciales honestos, con vocación de servicio, con conciencia funcional: comprometidos con los principios éticos.

Conductas de exteriorización de honestidad como persona y profesional. La persona juzgadora debe actuar de manera tal que ante a los ojos de cualquier observador razonable sea considerada honesta; de esto dependerá la credibilidad que la sociedad deposite en él, lo que sin lugar a dudas se refleja en la imagen de los Poderes Judiciales.

Por esta razón, debe cohibirse de realizar acciones que pudieren poner en duda su correcto proceder como persona y como profesional, es decir, en el ámbito de su vida pública y privada, de manera personal y vía las redes sociales.

Con base en el principio de igualdad, a los jueces les asisten los mismos derechos que a todas las personas, pero estos derechos pueden experimentar restricciones con el objeto de preservar la función que estos ejercen. No hay cláusulas que limiten específicamente el uso de las redes sociales, de modo que no hay restricciones ni deberes especiales previstos respecto de su empleo.

Sin embargo, sería errado concluir que los jueces pueden usar indiscriminadamente las redes sociales o comportarse como les parezca en cualquier escenario Ordóñez, Por la vía que fuere deben esforzarse en modelar un comportamiento guiado por principios éticos, entre estos:.

Independencia e imparcialidad. Tienen derecho a simpatizar por un partido político porque, lógicamente, pertenecen a la sociedad; por ello, tienen el derecho y el deber de elegir a quienes consideren están en las mejores condiciones de tomar las riendas de su país.

Lo que sí les queda prohibido es hacer proselitismo y abanderarse en posturas políticas partidarias y exteriorizar posiciones que los muestren susceptibles de verse influidos por grupos o personas […], así lo establece el art. Esto significa que deben poner de manifiesto que no recibe influencias.

Así debe parecerlo, no solo de intereses externos, si no también internos, lo que les conducirá a realizar una labor jurisdiccional guiada solo por la norma y los principios generales del derecho.

En esa línea, la Corte IDH consideró en el caso Tribunal Constitucional vs. Perú que es necesario que se garantice la independencia de cualquier juez en un Estado de derecho y, en especial, la del juez constitucional, en razón de la naturaleza de los asuntos sometidos a su conocimiento Corte IDH.

Caso del Tribunal Constitucional Vs. Sentencia del 31 de enero de Se debe procurar no ejecutar acciones que puedan ser interpretadas como atentatorias a los principios de independencia e imparcialidad.

Por esta razón, lo persona juzgadora:. Debe cohibirse de mantener conversaciones o reuniones privadas en el trabajo o fuera del mismo con una de las partes o sus abogados, envueltos en los proceso que tienen en su poder; lo recomendable es, si el tema de tratar es de índole meramente procesal, reunirse con todas las partes no solo con el interesado en la reunión, en presencia de la secretaria del tribunal y de ser necesario, deberá ser grabada la conversación que se sostenga y levantarse acta al efecto, así lo ha dispuesto el Poder Judicial de República Dominicana, mediante circular No.

No debe recibir dadivas, cual fuere su valor o naturaleza, por más noble que pueda parecer el agrado debe tenerse pendiente que la acción la mueve el interés y que las más manos que dan esperan recibir, lo que la persona juzgadora jamás podrá complacer porque se debe a la norma, con base en los artículos 44 numeral 5 de la Ley y artículo 80 numeral 1 de la Ley sobre Función Pública.

La prudencia será lo que les guiará a comportase como se explica en los párrafos anteriores; al mostrar una conducta orientada al autocontrol y al cabal cumplimiento de la función jurisdiccional, procurando que sus comportamientos, actitudes y decisiones sean el resultado de un juicio justificado racionalmente […], como lo exigen los artículos 69 y 69, del Código IEJ.

Con base en este estándar ético, queda prohibido utilizar el prestigio de la función para obtener intereses privados, para los miembros de la familia o para cualquier otra persona. Tampoco deben dar o permitir que otro dé la impresión que influye en el juez a favor de terceros art.

Igualdad y equidad. Se debe brindar un trato igualitario y equitativo a todo el que toca las puertas de los juzgados. Deben ser todos tratados conforme a las mismas reglas. La equidad implica que se deben tomar en cuenta las condiciones particulares de las personas y del caso parcialidad positiva España, Tribunal Constitucional, Sentencia núm.

La igualdad es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o, de cualquier forma, lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad.

No es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos, que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza.

Coherencia procesal. Todo ser humano debe ser coherente en lo que dice y en lo que hace palabras y hechos , por eso, es fácil darnos cuenta cuando un testigo falta a la verdad, pues su expresión facial dice todo lo contrario de lo que expresa con sus palabras.

Por esta razón, el principio de coherencia reviste tanta importante en el ámbito jurisdiccional. El principio de coherencia hace que actuemos de forma consistente, de acuerdo con nuestra forma de pensar o de nuestros actos previos, aunque esto signifique ir en contra de nuestro interés personal.

Este principio también se denomina principio de compromiso o consistencia. La coherencia en las decisiones judiciales permite que estas sean predecibles. Algunos doctrinarios critican esto, sin embargo, de ello depende sustancialmente la seguridad jurídica, puesto que de ser incierta la decisión del juez, en casos con características similares, las partes no sabrían a qué atenerse.

Ha quedado demostrado que la incoherencia procesal abre las puertas a la corrupción, la oculta, la hace ver como una simple falta de conexión judicial o ausencia de criterios jurídicos firmes. No hay certeza sobre cómo serán resueltos los procesos; en consecuencia, existe una necesidad de una administración de justicia que ofrezca seguridad y estabilidad jurídica.

Justamente es este el propósito de esta novísima institución; la predictibilidad de los fallos judiciales Franco, Entre los objetivos de la predictibilidad en la administración de justicia tenemos:. Fortalecer la seguridad jurídica.

Los precedentes, verticales u horizontales, generarán una estabilidad en el sistema jurídico, brindando mayor confianza a la ciudadanía; b. eliminar la corrupción.

La coherencia procesal y la predictibilidad de las decisiones reduce el ámbito de discrecionalidad del juez, al cerrarse las brechas de interpretación se elimina en gran medida las oportunidades de corrupción; c. elevar la percepción de confianza y credibilidad.

Los precedentes. además generan mayor confianza en los justiciables, credibilidad por parte de la población en la administración de justicia, y mejora la imagen de los poderes judiciales.

Libertad de expresión: vida pública y privada de los jueces. El derecho a la libertad de expresión y difusión del pensamiento representa una prerrogativa inherente a toda persona humana, que le permite manifestar de manera pública sus pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa.

Así lo establece el artículo 13, de la Convención Americana y otros instrumentos que forman parte del bloque de convencionalidad 4. Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas , sentencia del 2 de julio del , Serie C núm.

He ahí su importancia para el alcance del bienestar general y la felicidad de los pueblos. La prerrogativa de expresarse libremente no solo implica la salvaguarda del derecho y la libertad de formular su propio pensamiento, sino también la prerrogativa de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.

Es por esto que la libertad de expresión posee una dimensión individual y una dimensión social, las cuales, ha dicho la Corte Interamericana, deben garantizarse en forma simultánea. En su dimensión social, poder emitir opiniones, sin censura previa, conocer la opinión de los demás y recibir información de la que disponen otros y difundir la propia, permite consolidar la participación ciudadana y dota de herramientas para reclamar con fundamento una buena administración pública, obligando a los servidores públicos a rendir cuentas, a actuar de manera traslucida y en apego a las leyes, la Constitución y los principios éticos.

El libre ejercicio de este derecho facilita el alcance de la meta Por esta razón, existen discursos especialmente protegidos por el derecho a la libertad de expresión, por lo que tienen prelación sobre otros derechos, entre de estos: el político sobre asuntos de interés público, el relativo a funcionarios públicos en ejercicio y el que expresa elementos esenciales de la identidad o dignidad de las personas.

Así lo juzgó la Corte IDH, el 31 de agosto de , en ocasión al conocimiento del caso Ricardo Canese vs. Paraguay; esto nos indica, que en el marco del desarrollo de disertaciones de índole político, gestión pública, etc.

En su dimensión individual, el ejercicio de la libertad de expresión y difusión del pensamiento, ejercido con seriedad y prudencia por parte de las personas juzgadoras, constituye una herramienta eficaz de rendición de cuentas en torno a la labor realizada por medio de las redes sociales, lo que incentiva la transparencia y fortalece el prestigio institucional.

También, sirve como medio de monitoreo y escrutinio al servidor judicial, en su vida pública y privada. Es delicado que los jueces no sean sinceros y humildes al hacer públicas sus vidas privadas en las redes sociales, porque podrían crear una falsa imagen que podría poner en tela de juicio su honestidad profesional, aunque sí lo sea, por esta razón, el juez debe actuar con la verdad en todo momento.

Por ello, los jueces deben actuar con prudencia, implicando la ejecución sus acciones orientadas al autocontrol y recto proceder en sus vidas privadas. En ese tenor se pronunció el Tribunal de Estrasburgo, indicando que todo funcionario público está sometido a un deber de discreción 5.

Esto significa que, si bien es cierto, el derecho a la libertad de expresión se aplica a los servidores públicos en general y a los jueces en particular, no menos valedero es que estos últimos deben crear conciencia plena sobre la trascendencia social de su cometido, puesto que están sometidos a un estatuto especial con restricciones p.

Los poderes judiciales continuamente son interpelados sobre la legitimidad de su gestión […], por ello, se justifican las restricciones para proteger la imagen y el prestigio del juez y de la institución. En ese sentido, el Tribunal Europeo ha señalado que ciertas restricciones a la libertad de expresión de los jueces son necesarias en todos los casos donde la autoridad e imparcialidad de la judicatura pudieran ser cuestionadas p.

Por estos motivos, no es ético que los jueces respondan ataques destructivos aunque sean sustancialmente infundados. Tampoco deben utilizar la prensa para responder a provocaciones, porque así lo exigen los imperativos superiores de la justicia y de la dignidad de la función judicial p.

Tampoco es ético que el juez o la jueza muestre comportamientos o actitudes que puedan interpretarse como que se busca un reconocimiento desmedido o injustificado Código de Comportamiento Ético Dominicano, art.

No debe haber otro interés mayor que el esmero por la solución de conflictos de manera eficaz, por satisfacción personal, por conciencia o por el sentir del deber cumplido, no por ser reconocidos. En la actualidad, constituye un desafío para poderes judiciales, donde queda incluido el dominicano, la asignación de voceros que respondan a los ataques contra jueces, como ocurre en Chile y Argentina.

Si bien no deben ser respondidos por el propio atacado, es muy necesario aclarar lo que se dice, pues ante los pronunciamientos de usuarios inconformes por meras decisiones o trámites judiciales, la institución pierde prestigio, se afecta la imagen y el buen nombre del juez y, a pesar de todo, tanto el usuario que se queja, como la sociedad que le escucha, tienen derecho a una respuesta oficial.

Su labor no implica simplemente dictar una sentencia, esta legitimación requiere además de probidad, integridad, eficacia y eficiencia en el desempeño de la función, unas demandas continuas de comunicación libre y abierta con la sociedad, quien es, en definitiva, la destinataria del servicio de justicia6.

Sobre todo, la sentencia debe estar correctamente motivada, con altos niveles de honestidad intelectual. Eso es así, porque la honradez intelectual constituye la base de sus relaciones con todos los profesionales de la justicia, así lo contempla la Declaración de Londres sobre la Deontología de los Jueces o sobre Ética Judicial, del año La honestidad intelectual en la motivación de las decisiones judiciales.

El problema de la justicia no es la corrupción como la ciudadanía lo percibe, sino la falta de certeza sobre el significado de la ley y el uso del lenguaje en las decisiones. Es la incertidumbre la que puede desalentar a las personas que podrían lograr cosas significativas con sus opiniones Islas, El juez debe ser consciente de su condición de individuo cultural, social, religioso y políticamente situado, de que su concreta ubicación en cada uno de estos ámbitos es natural fuente de condicionamientos de sus criterios de decisión, sobre todo en las materias más sensibles.

Por eso, como presupuesto de la imparcialidad de juicio a que está obligado, es necesario que genere rigurosos hábitos de honestidad intelectual y de autocrítica Ibáñez, , p. Se suele afirmar que no existe un derecho fundamental a una determinada extensión de la motivación, pero sería correcto decir que existe un derecho fundamental a que las resoluciones judiciales estén tan motivadas como sea necesario para que sean plenamente comprensibles, en por qué y en su alcance.

En este ejercicio de argumentación, dado el margen de discrecionalidad con que operan, juega un papel primordial la honestidad intelectual del juez. Propiciar esta clase de ejercicio intelectual es, precisamente, una de las funciones centrales y constitucionales de la motivación, que sirve, aun antes, para explicar a terceros la ratio decidendi de la sentencia, para que quien o quienes tienen la responsabilidad de elaborarla puedan verificar por sí mismos la racionalidad del propio discurso.

Realizar el esfuerzo de explicitar con coherencia es, puede decirse, la prueba de la calidad de la decisión judicial, porque cuando se actúa con honestidad intelectual, es fácil comprobar que hay conclusiones de imposible justificación, hasta el punto de que la pluma no corre sobre el papel si se intenta expresarlas p.

Como resaltamos en otro apartado; cuando no fluye la motivación de la decisión es porque existe algo incorrecto. Expresar los motivos de la sentencia de forma clara y precisa, sin recurrir a tecn- icismos innecesarios y con la concisión compatible con la completa comprensión de las razones expuestas, es rendir a la sociedad decisiones producto de la hon- estidad intelectual.

Si para alcanzarlo es necesario adaptar el lenguaje de las decisiones para que sean comprendidas por todas las partes, el juez tendría la potestad de hacerlo. Un vivo ejemplo es la sentencia emitida por una jueza uru- guaya mediante la cual ordena la restitución de un niño de 6 años.

La sentencia que el tribunal le entregó al niño fue una carta escrita en palabras sencillas en donde se le explica al menor de edad las razones de la decisión. La importancia de la honestidad intelectual al momento de motivar una decisión judicial estriba en que pocos aspectos son tan decisivos para generar seguridad jurídica como el de la motivación.

Con la motivación, no solamente se permite conocer cómo se resolvió el caso, sino que, además, se garantiza la eficacia de la sentencia, la transparencia y la predictibilidad de la autoridad, fortaleciéndose así la credibilidad de los poderes judiciales.

Por ello en la obra la obra Jueces y ponderación argumentativa, lo que puede y debe hacer el juez, no es describir o casi mejor transcribir el propio proceso decisional, si no justificar con rigor y honestidad intelectual la corrección de la decisión adoptada Ibáñez, , p. Sistema de consecuencias por inobservancia al principio de honestidad.

Como ha quedado demostrado, la infracción de mayor gravedad en la que degeneran las acciones contrarias al principio ético de honestidad es la corrupción, y su repercusión, es nefasta para el desarrollo sostenible de las naciones y por ello, su prevención es vital.

De ahí que, los estados en primer orden deben formular y aplicar políticas eficaces contra este flagelo que promuevan la participación ciudadana y reflejen la debida gestión de los asuntos públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas.

Conforme a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en lo adelante CICC , cada estado parte penalizará la comisión de los delitos tipificados con arreglo a este instrumento, con sanciones que tengan en cuenta la gravedad de los mismos, debiendo adoptar medidas apropiadas, de conformidad con su derecho interno art.

De la responsabilidad penal. La Constitución dominicana, establece en su artículo , que se condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado: sustracción de fondos públicos, enriquecerse prevaliéndose del cargo, proporcionar ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados entre otros, acciones dolosas subsumidas en los tipos penales de concusión, soborno, peculado y enriquecimiento ilícito.

Toda acción delictiva para ser enmarcada como corrupción debe cumplir con los elementos constitutivos siguientes: el conocimiento, la intención o el propósito, que podrán inferirse de circunstancias fácticas objetivas art.

El Código Penal dominicano tipifica diversos actos de corrupción en el Estado: el desfalco arts. Cobros en exceso o que no se adeudan. Sancionados según las distinciones siguientes: los funcionarios y oficiales públicos, con la pena de la reclusión y sus empleados, dependientes o delegados, con prisión correccional, de uno a dos años, cuando la totalidad de las cantidades indebidamente exigidas o recibidas y cuya percepción hubiese sido ordenada, fuere superior a sesenta pesos , el soborno o cohecho arts.

El soborno pasivo se castigará con la degradación cívica y al pago de una multa del doble de las dádivas recibidas, sin que en ningún caso pueda esta bajar de cincuenta pesos, ni ser inferior a seis meses el encarcelamiento art. Estos actos en conjunto configuran la prevaricación; esto es, el crimen cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones arts.

Es preciso agregar, que como sanción accesoria en virtud del artículo Sin menoscabar el ejercicio de facultades disciplinarias por los organismos competentes contra empleados públicos. Así lo contempla, el ordenamiento jurídico dominicano y los estados con los que hemos realizado el estudio comparado.

De la responsabilidad civil. Los estados deben aplicar las medidas necesarias para garantizar que las entidades o personas perjudicadas como consecuencia de un acto de corrupción administrativa, tengan derecho a iniciar una acción legal contra los responsables de esos daños y perjuicios a fin de obtener indemnización art.

En el caso nuestro, de manera particular o accesoria a la acción penal art. La responsabilidad civil del Estado dominicano se fundamenta en el principio general establecido en los artículos y , del Código Civil. Asimismo, en el artículo , de la Constitución, el cual establece las personas jurídicas de derecho público y sus funcionarios o agentes serán responsables, conjunta y solidariamente, de conformidad con la ley, por los daños y perjuicios ocasionados a las personas físicas o jurídicas por una actuación u omisión administrativa antijurídica.

Esto indica que la falta a la honestidad por la comisión de algún delito de corrupción que ocasione vulneración a derechos fundamentales podría acarrear la retención de responsabilidad civil para el Poder Judicial y el funcionario, así lo recoge el artículo 57, de la Ley núm.

De la responsabilidad disciplinaria. Los servidores públicos acusados de un delito de corrupción, cuando proceda, podrán ser destituidos, suspendidos o reasignados por la autoridad correspondiente, teniendo presente el respeto al principio de presunción de inocencia art.

Con respecto las sanciones disciplinarias, serán impuestas a la persona juzgadora o servidora judicial luego del agotamiento de un juicio disciplinario. El poder disciplinario en República Dominicana reside en el Consejo del Poder Judicial, en virtud de los artículos de la Constitución y Ley núm.

En el caso de la República Dominicana, establece la Ley núm. Según la gravedad de las faltas, las autoridades competentes […] podrán imponer las siguientes sanciones art. Sentencia disciplinaria núm. La violación al principio de honestidad profesional es considerada una falta grave en nuestro país y en la mayoría de los países de Iberoamérica.

Es por ello que, regularmente, en materia disciplinaria es sancionada con la destitución, mientras que, en materia penal, excepcionalmente, con sanción privativa de libertad y pago de multas —aunque con penas risibles en la mayoría de los países iberoamericanos como se ha podido constatar- y con resarcimiento por daños y perjuicios por el alto nivel de lesividad de las acciones y omisiones deshonrosas en relación a los derechos de las personas y las instituciones públicas.

Cuando el servidor, llamado a respetar el referido principio ético, lo inobserva, los bienes jurídicos protegidos derechos civiles, políticos, económicos y sociales de los usuarios de justicia resultan gravemente afectados; pero sobre todo se afecta la credibilidad, se disminuye la confianza, se opaca el prestigio y se mancha la imagen de los poderes judiciales, lo que ocasiona que la justicia retroceda, apartándose del ideal en construcción: una justicia sostenible.

La credibilidad y la confianza en los poderes judiciales: factores influyentes en el alcance de la paz y armonía social. Según el informe del PNUD sobre Calidad Democrática en la República Dominicana, la evolución de la confianza en el Poder Judicial en el país y en América Latina y el Caribe durante el período, muestra que, en el año , el país presentó un mayor nivel de confianza en el Poder Judicial, que el promedio de países de América Latina y el Caribe.

Si bien el promedio regional también cayó ligeramente durante el periodo estudiado, el país experimentó un marcado aumento de la desconfianza. Es este precisamente uno de los objetivos de esta.

investigación, medir el índice actual de credibilidad y confianza de la sociedad en el Poder Judicial y determinar sus causas; sin embargo, este subtema tiene por objeto establecer la importancia que tiene la percepción de la ciudadanía para la consecución de la paz y la armonía social.

Por consiguiente, la protección de los derechos humanos, la creación de circunstancias que permitan progresar a la humanidad, espiritual y materialmente, y alcanzar la felicidad, debe ser siempre el fin esencial de los Estados.

Así lo contempla el preámbulo de la Declaración Universal, lo anticipa el primer considerando de la Declaración Americana y lo estableció el filósofo Aristóteles, al señalar que el gobierno es una comunidad de individuos que debe preservar la felicidad de sus ciudadanos Montoya y Conill, Sin lugar a dudas, el alcance de la felicidad constituye el verdadero sentido de la existencia humana y por esa razón, el objetivo No.

Por tal razón, un servicio público dedicado a la causa de la profesión, y a su país es lo que se requiere de la persona juzgadora; no el servicio con simples propósitos egoístas, ya que ese tipo de convivencia conduce a problemas sociales de gran magnitud, deshonestidad y corrupción Discurso del Juez Huntley Eugene Munroe, Q.

Para lograrlo es imprescindible trabajar con honradez. No surge controversia al afirmarse que la honestidad es una condición fundamental para el afianzamiento y sostenibilidad de las relaciones humanas, para la amistad y la auténtica vida comunitaria. La honestidad respeta la vida, porque se caracteriza por la confianza, la sinceridad y el pensamiento liberal, y expresa la disposición de vivir en la verdad.

Por esta razón, es uno de los valores más importantes de una personalidad saludable. La persona que cuenta con servidores honestos siente paz, pero al mismo tiempo la persona que es honesta también la siente, toda vez que, la honestidad manifestada en su dimensión afectiva es un valor matemáticamente rentable, porque ejercerla garantiza respeto, confianza, bonhomía, autoestima, prestigio, honorabilidad, distinción y, sobre todo, paz espiritual y armonía social, lo que coadyuva al alcance de sociedades pacíficas, y a la felicidad de los pueblos.

Las técnicas para la aplicación de la encuesta correspondieron a la descripción y análisis para conocer el parecer de los usuarios de la justicia y determinar elíndice de percepción de la honestidad IPH , niveles de confianza y credibilidad en el sector justicia.

El instrumento aplicado está compuesto por diez preguntas de elección múltiple, aplicado a una muestra de personas, de forma aleatoria, por muestreo no probabilístico. Luego de la aplicación del instrumento, a la muestra indicada, vía Online, se obtuvieron los siguientes resultados:.

propia del sustentante. Los encuestados valoraron el nivel de importancia de la honestidad profesional para el alcance de una justicia sostenible en un 4. La Agenda para el desarrollo sostenible constituye un compromiso asumido por todos los estados miembros de la de ONU, con el objeto de mejorar el mundo en que vivimos, preservarlo y asegurar su disfrute a las generaciones presentes y futuras.

En lo que atañe al sector justicia, coadyuvando con la construcción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas Objetivo Para la consecución de este objetivo, se requiere que todas las personas, sobre todo aquellas que brindan servicios públicos, un ejercicio en estricto apego a los principios éticos, puesto que su exigencia y cumplimiento guardan un único fin: la tutela efectiva de los derechos humanos.

El principio ético de honestidad es entendido como la verticalidad moral del individuo que no miente, no engaña y no toma ventaja injustamente, por tanto, es creíble y confiable. Dada su estrecha relación con casi todo el catálogo de los principios éticos del Código IEJ, es imprescindible su consecución para el logro de este objetivo mundial, ya que actuar con honestidad profesional implica, en su dimensión cognitiva, estar conscientes de la delicada labor que desempeñan los juzgadores y de la repercusión de sus actos y comportamientos, tanto en su vida pública como privada; es decir, exige un manejo moderado, autocontrolado y objetivo ante la sociedad, en el ámbito laboral y fuera de este, en forma personal o mediante redes sociales.

Les exige, además, solucionar los conflictos jurídicos con altos niveles de honestidad intelectual, es decir, con base en argumentos lógicos, razonables, comprensibles, criterios coherentes y predecibles, y fundados en el principio de legalidad, porque de ello depende en gran medida la seguridad jurídica, la confianza y la credibilidad de la ciudadanía en los poderes judiciales.

En su dimensión conductual, la igualdad de acceso a la justicia meta Asimismo, un ejercicio transparente, en cumplimiento a la rendición de cuentas meta Estas herramientas permiten prevenir y enfrentar la corrupción judicial cuando se da un tratamiento trasparente, porque solo en la medida en que las mismas sean efectivamente públicas podrán ser eficaces y permitirán elevar la credibilidad y la confianza del público en los poderes judiciales.

La independencia financiera institucional y de la persona juzgadora, juega un papel preponderante en la construcción de una justicia sostenible, es decir, una justicia que garantice la tutela de derechos y garantías a generaciones presentes y futuras de manera efectiva y equilibrada, puesto que del aspecto financiero depende la autodeterminación del órgano.

Es de orden constitucional que los poderes judiciales dispongan de recursos suficientes para hacer frente a sus compromisos y responsabilidades y, así impedir dar paso a las presiones del gobierno.

Por esta razón, es un deber indelegable del estado cumplir con esta responsabilidad y un derecho de los jueces exigirlo, porque, por encima de todo, constituye una garantía de justicia para la sociedad. TENEMOS AMOR Y CONFIANZA EN LO QUE HACEMOS Amamos nuestro oficio y plasmamos conocimiento y sentimientos en tu gráfico sabiendo que tu empresa o proyecto es importantísima para ti y tus clientes.

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